(Madrid, 20 de febrero de 2013).- CEPES insta al Partido Popular a que reconsidere su postura ante la "incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública". Aun reconociendo que la directiva europea no ha sido aprobada, una iniciativa como esta, debía haber sido aprobada por unanimidad en la Cámara, de manera, que hubiera servido como punto de partida para que España se sitúe a la bandera en la transposición de esta directiva que en breve será aprobada por la Unión Europea.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, destaca que "la contratación pública -que en España representa cerca del 18% del PIB- desempeña un papel clave en la Estrategia Europea 2020 como uno de los instrumentos que deben utilizarse para mejorar el entorno empresarial y las condiciones para que las empresas innoven, al mismo tiempo que las contrataciones públicas deben garantizar un uso más eficaz de los fondos públicos".
La patronal de la Economía Social recuerda que la directiva europea no solo pretende favorecer a colectivos en riesgo de exclusión o personas con discapacidad, sino también primar aquellas empresas que protejan el medioambiente, promuevan la eficiencia energética y el buen uso de los recursos, luchen contra el cambio climático, promuevan la innovación, el mantenimiento y la creación de empleo, la integración social y la prestación de servicios sociales de alta calidad en las mejores condiciones posibles.
Pedreño afirma que "la inclusión de cláusulas sociales, es un instrumento que no altera la libre competencia, ni supone un problema en la igualdad de mercado, puesto que lo que persiguen es fomentar un entrono empresarial competitivo, innovador, con valores y, en definitiva, socialmente responsable".
CEPES, como organización representativa en España de la Economía Social y que apoya la inclusión de políticas de responsabilidad social, afirma que la incorporación de cláusulas sociales es una necesidad empresarial y social, por lo cual insta al Partido Popular para que este tema esté en la agenda parlamentaria. Desde la Patronal de la Economía Social se mantendrán conversaciones con los grupos parlamentarios para impulsar su aprobación, algo que España estará obligada a hacer antes de 24 meses después de la aprobación de la directiva comunitaria que se aprobará en las próximas semanas.
