• Tras su aprobación hoy en el Congreso de los Diputados, con las enmiendas a favor de la Economía Social aportadas por CEPES.
• CEPES anticipa que la nueva Ley de Contratos del Sector Público generará riqueza, empleo estable, y cohesión social y territorial y contempla múltiples aspectos de oportunidad para favorecer la participación de las empresas de Economía Social en esta materia.
• Permitirá que en la contratación pública, que supone el 20% del PIB, primen criterios sociales y medioambientales.
Madrid, 19 de octubre de 2017.- La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) acoge con satisfacción y expectativa la nueva Ley de Contratos del Sector Público aprobada hoy por el Congreso, al incluir cambios normativos a favor de pymes y Economía Social, que contribuirán a generar riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial.
La aprobación de esta Ley, transposición de una Directiva Comunitaria del año 2014, con las enmiendas a favor de la Economía Social propuestas por CEPES, transformará la contratación pública por parte de las Administraciones Públicas, al primar en ella criterios sociales y medioambientales.
“Este importante nuevo marco jurídico permitirá a los poderes públicos gestionar de una manera más eficiente y corresponsable, desde el punto de vista del interés público y de la racionalización económica, los presupuestos públicos destinados la contratación pública, que supone cerca del 20% del PIB nacional”, ha afirmado el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
CEPES, como patronal de la Economía Social, trabajó con los grupos parlamentarios durante los últimos meses para alcanzar el mayor grado de consenso y acuerdo posible en esta Ley. Gracias a ello, se establecieron diversos avances de carácter social y de fomento a la contratación responsable en la ley finalmente aprobada con respecto a la propuesta legislativa inicial que comenzó su andadura hace más de dos años.
“Confiamos en la implementación óptima de esta norma por parte de todas las Administraciones Públicas, ya que las empresas y entidades de la Economía Social se encuentran actualmente infrarrepresentadas en la contratación pública, siendo el porcentaje de contratos públicos adjudicados a la Economía Social muy escaso en relación con su peso real en el PIB y en la creación de empleo”, ha añadido el presidente de CEPES.
Las principales oportunidades que ofrece la norma para que las empresas de Economía Social sean consideradas en los procesos de contratación por parte de los poderes públicos, son las siguientes:
• El objeto y finalidad de la Ley ya contemplan que se ha de facilitar el acceso a la contratación pública de las empresas de Economía Social.
• Los criterios sociales y medioambientales se han de incorporar de manera transversal en toda contratación.
• Se supera el desfasado concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos, y se sustituye por el de mejor relación calidad-precio.
• Se ha incorporado, como novedad, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la Economía Social.
• Se solucionan los supuestos de subrogación empresarial cuando empresas de Economía Social dejan de prestar sus servicios a las Administraciones.
• La reserva obligatoria de contratos para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo mejora sustancialmente su definición y exigencias en la nueva ley. Y se limita esta reserva obligatoria a la figura de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, tal y como el sector venía demandando históricamente.
• Se recogen múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación de los contratos o en las condiciones especiales de ejecución de los mismos.
• Y se contempla de forma expresa que los conciertos sociales por parte de entidades privadas (regímenes de autorización o licencia) se excluyan de la ley de contratos.
CEPES valora los avances introducidos por esta Ley, que permitirán el uso de la contratación como una herramienta de política pública que contribuya a la generación de riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial.
