• La Junta Directiva de CEPES aplaude que el Gobierno y las Cortes anuncien una reforma del artículo 49 y pide que se garanticen y amplíen en la Carta Magna los derechos de las personas con discapacidad.
• CEPES se suma a la petición del CERMI de contar con una regulación estatal que proteja a los peatones, especialmente los más vulnerables, ante la ‘invasión’ de las aceras por parte de patinetes eléctricos y otros elementos de movilidad personal.
Madrid, 14 de diciembre de 2018.- La Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) alaba que Gobierno de España anuncie una reforma del artículo 49 de la Constitución, en el que se refiere a las personas con discapacidad como “disminuidos”.
La Junta Directiva también apoyó la petición formulada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para reclamar, ante la invasión de aceras por parte de patinetes eléctricos y otros elementos de movilidad personal, una regulación estatal que garantice la seguridad y accesibilidad de los peatones.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, “considera acertado que tanto el Gobierno como las Cortes Generales actualicen la Carta Magna, que se refiere como ‘disminuidos’ a los ciudadanos con discapacidad, así como contar con un marco estatal que garantice que transitar por las aceras en total seguridad y accesibilidad a los ciudadanos, brindando una especial protección a aquellos con mayores problemas de movilidad”.
Artículo 49
El artículo 49 actualmente establece que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Asimismo, la Economía Social española, sector en el que trabajan cerca de 75.000 personas con discapacidad, aplaude una nueva redacción de la Constitución que reconozca y amplíe los derechos de las personas con discapacidad, adaptándolos a la nueva realidad social y de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006 por Naciones Unidas.
