• El presidente de la patronal española de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño, apoya la necesidad de asegurar el pago de las prestaciones por desempleo, pero considera que ante situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, el Gobierno debe explorar otras vías y modalidades de financiación extraordinarias para estas prestaciones sin menoscabar los derechos de los trabajadores, trabajadoras, socios y socias de las empresas.
• Esta medida limita la capacidad de actuación de las CC.AA. en materias vinculadas a las políticas activas de empleo, porque disminuye las actuaciones en formación y recualificación que van a ser más necesarias que nunca para potenciar el mercado de trabajo.
• CEPES, como patronal española de la Economía Social, ha remitido un posicionamiento al Gobierno donde le traslada su opinión sobre estas medidas adoptadas y cómo pueden afectar a las empresas y entidades de la Economía Social.
Madrid, 8 de abril de 2020.- La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) manifiesta su “incertidumbre, recelo y preocupación,” ante las medidas adoptadas por el Gobierno sobre los Fondos de formación profesional.
El posicionamiento que CEPES ha enviado al Gobierno revela “incertidumbre” ante las dificultades para conocer las cantidades de las que van a disponer las CC.AA. para formación en el ejercicio 2020; “recelo”, por la falta de seguridad en el destino final de estos fondos, en un momento en el que los mismos van a ser imprescindibles para la recuperación de la actividad económica por parte del tejido empresarial; y “precaución” por las posibles consecuencias que estas medidas puedan generar en el resto de las políticas activas de empleo que ejecutan las Comunidades Autónomas.
“Consideramos de vital importancia que se exploren vías extraordinarias para la financiación de las prestaciones por desempleo, de manera que los Fondos de formación profesional se destinen a la necesaria formación y recualificación de los trabajadores en un momento tal especialmente relevante como el que estamos viviendo.” ha precisado el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
“Ante esta situación y aparente cambio de esta normativa, desde CEPES manifestamos nuestra posición ante la medida tomada, a pesar de que entendemos y apoyamos la necesidad de asegurar el pago de las prestaciones por desempleo en esta situación tan compleja, pero consideramos que se deben explorar otras vías y modalidades de financiación de estas medidas, sin menoscabar los derechos de los trabajadores, trabajadoras, socios y socias de las empresas y las herramientas de los diferentes servicios públicos de empleo para contar con los fondos y recursos necesarios para gestionar la postcrisis sanitaria”, ha subrayado Pedreño. ,
Los motivos por los que CEPES cree que esta medida puede incidir directamente en las empresas y entidades de la Economía Social son:
• La medida incide directamente en la capacidad de actuación de las CC.AA. en materias vinculadas a las políticas activas de empleo, que verán limitadas y reducidas sustancialmente las iniciativas de oferta de formación para el empleo de trabajadores ocupados y desempleados.
• En todos estos programas de las Comunidades Autónomas, participan las entidades representativas y las empresas de la Economía Social, dada sus especiales características de apuesta continua por la formación en el puesto de trabajo, la formación asociada a la estabilidad en el empleo o la formación de colectivos que presentan mayores dificultades de empleabilidad y que requieren de estas políticas como canal para su acceso al mercado de trabajo.
• Las Comunidades Autónomas han de convertirse en un agente clave en la recuperación de la normalidad en cuanto superemos esta crisis sanitaria , por lo que consideramos que deben ser apoyadas especialmente en todos aquellos incentivos asociados a la recuperación de la actividad y el empleo, entre los que gozará de especial importancia la formación, el desarrollo de cursos de cualificación y recualificación profesional para personas desempleadas, o para trabajadores que deban reorientar sus competencias y cualificaciones profesionales, y formación para todos aquellos colectivos de personas con mayores dificultades de empleabilidad que, una vez más, pueden quedarse atrás en esta crisis social y económica.
• Además, la medida acordada y la nueva distribución que conlleva generará un replanteamiento de la financiación de las iniciativas autonómicas en materia de políticas activas de empleo, que van a ser planteadas y reformuladas, por lo que las empresas y entidades de la Economía Social pueden verse afectadas en la distribución en base a esos nuevos criterios, dado que las mismas participan en el resto de ejes de las políticas activas de empleo que se acuerdan con las Comunidades e incorporan en el Plan Anual de Política de Empleo.
