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La medida anunciada por el Gobierno equipara a España con
otros países de la UE que ya tienen implantada desde hace tiempo una jornada
laboral inferior a las cuarenta horas semanales
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El presidente de CEPES afirma que son muchas las empresas
de Economía Social las que ya aplican esta jornada e incluso de inferior
duración
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Pedreño destaca
que esta medida de alcance general debe de conllevar adaptaciones para algunos
sectores y para las empresas que desarrollan contratos con la Administración
Pública, en especial, en el ámbito de los cuidados a personas
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Factores como la
inflación acumulada, el incremento del SMI, incrementos en convenios
colectivos, implantación de nuevos permisos, etc, hacen imprescindible un
desarrollo normativo que modifique, entre otras normas, la Ley 2/2015, de
desindexación de la economía española, que permita la revisión de costes y el
equilibrio económico de los contratos de servicios de atención a las personas
con las administraciones públicas, cuestiones que entendemos el Gobierno está
ya considerando.
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Pedreño señala
además, que la adaptación sectorial de esta medida va a requerir de
evaluaciones detalladas y análisis de impacto, que la reducción de la jornada
laboral puede tener en sectores como el de la hostelería, la pesca o el
agroalimentario, donde esta medida puede suponer, entre otros, un fuerte
impacto en la cadena de suministro
Madrid, 26 de enero de 2024.
El presidente de la
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, hace una valoración positiva, en
términos generales, de la jornada laboral de treinta y siete horas y media,
anunciada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda
Díaz, como motor de cambio
en los usos del tiempo en nuestra sociedad, que mejorará la conciliación de la
vida personal y laboral y la calidad de vida de las personas.
Esta
medida que sitúa a España al mismo nivel que otros países de la Unión Europea,
está ya contemplada en muchos convenios colectivos y es aplicada por muchas
empresas que, incluso aplican jornadas de duración inferior a la propuesta por
el Gobierno. La capacidad de autogestión de muchas empresas de Economía Social
y su gobernanza democrática ajustan su capacidad productiva con la conciliación
de la vida laboral y personal de las personas que las componen.
Asimismo,
el presidente de la Patronal de Economía Social señala “que, para alcanzar la
plena efectividad, esta medida debe de ir acompañada de las correspondientes
adaptaciones que pueden requerir algunos sectores o de forma específica,
aquellas empresas que desarrollan contratos con la Administración Pública,
especialmente, aquéllas que prestan servicios de atención a las personas”.
La
implantación de la reducción de la jornada laboral en estos casos, en los que
las empresas adjudicatarias de estos contratos hacen un aporte intensivo de
mano de obra para garantizar la calidad de los servicios que prestan, debe de
conllevar una revisión de los precios del contrato, que permitan elevar los
costes de personal. “De no ser así, los perjuicios unilaterales que sufrirán
las empresas adjudicatarias de éstos podrían incluso derivar en su entrada a
pérdidas, puntualiza Pedreño.
Más
allá de las nuevas necesidades que puedan generar la implantación de la nueva
jornada laboral, el presidente de CEPES considera imprescindible garantizar la
sostenibilidad de los servicios del sector de los cuidados que se prestan
mediante contratos públicos. Factores como la inflación acumulada, el
incremento del SMI, incrementos en convenios colectivos, implantación de nuevos
permisos, etc, hacen imprescindible un desarrollo normativo que modifique,
entre otras normas, la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, que
permita la revisión de costes y el equilibrio económico de los contratos de
servicios de atención a las personas con las administraciones públicas. Cuestiones
que entendemos el Gobierno está ya considerando puntualizó.
El
alcance de estas adaptaciones, tal y como señala Pedreño, “va a requerir de evaluaciones
detalladas y análisis de impacto, que la reducción de la jornada laboral puede
tener en sectores como el de la hostelería, la pesca o el agroalimentario,
donde esta medida puede suponer, entre otros, un fuerte impacto en la cadena de
suministro, desde la producción hasta la distribución, que demandará ajustes en
los tiempos de entrega y disponibilidad de productos en el mercado”.
