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Para la Patronal de la Economía Social,
CEPES, el Proyecto de Ley Integral de Economía Social, que se encuentra en tramitación
en el Congreso de los Diputados, aspira a promover y fortalecer este modelo
empresarial que está en pleno auge a nivel nacional e internacional
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Además, el nuevo marco normativo de la futura
Ley Integral de Economía Social reafirmará el camino hacia un empleo más
inclusivo, innovador y sostenible
Madrid, 9 de enero de 2025.
La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) señala
que el proyecto de Ley Integral de Economía Social, actualmente en
tramitación parlamentaria va a ser un instrumento transformador que
fortalecerá aún más, este modelo empresarial, que está en auge, tanto en
España como a nivel internacional, a la vez que reforzará la creación y
mantenimiento de empleo estable e inclusivo, prestando especial atención a los colectivos
en situación de vulnerabilidad social.
En concreto, esta futura norma
modifica tres leyes sustantivas, la de Economía Social, la de Cooperativas y la
de las Empresas de Inserción. Además, la ley incorpora a los centros especiales
de empleo de iniciativa social dentro del marco legal de la Ley 5/2011, de
Economía Social, ya que son este tipo de centros los que se cumplen con los
principios y valores que establece este marco normativo.
La Patronal de la Economía
Social, recuerda que los centros especiales de empleo de iniciativa social
son aquellos que tienen por objeto proporcionar empleo remunerado a personas
con discapacidad y que están promovidos y participados en más de un 50% por
entidades sin ánimo de lucro o por entidades que tienen reconocido su carácter social
en sus estatutos y que reinvierten íntegramente sus beneficios en la creación
de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua
de su competitividad.
Según el presidente de CEPES,
Juan Antonio Pedreño, “La inclusión de los Centros Especiales de Empleo de
Iniciativa Social dentro de las entidades de la Economía Social responde a una
razón fundamental: son estos centros, y no otros, los que operan bajo los
principios y valores que definen la Economía Social. Su actividad se basa en la
primacía de las personas sobre el capital, la solidaridad, la sostenibilidad y
el compromiso con el desarrollo social y laboral de las personas más
vulnerables. Este reconocimiento no solo refuerza su labor, sino que también
pone en valor su papel como agentes de cambio y cohesión en nuestra sociedad."
A su vez, el Proyecto de Ley
Integral mejorará el ámbito laboral de las personas en situación o riesgo de
exclusión social introduciendo mejoras significativas que faciliten su
incorporación en el mercado laboral a través de las empresas de inserción.
Entre estas mejoras se incluyen, dentro del ámbito de la Ley que regula las empresas
de inserción, nuevos colectivos entre los que se encuentran las personas sin
hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes, los
desempleados de larga duración, las mujeres víctimas de violencia de género,
los jóvenes en riesgo de exclusión y las personas con discapacidad
Otras modificaciones que incluye
esta futura norma afectan al funcionamiento interno de las cooperativas, por
lo que contempla cambios en la Ley 27/1999. Esta actualización responde a
los desafíos que plantea el avance tecnológico, promoviendo la digitalización
de los procesos de gestión de las cooperativas; incorporando las
transformaciones del mercado laboral, garantizando mayor flexibilidad y equidad
en las relaciones laborales; y optimizando la aplicación de las normativas
fiscales para facilitar el cumplimiento de su finalidad societaria.
En definitiva, la introducción de
estas medidas responde a la necesidad de adaptar las normas incluidas en esta
ley al panorama socioeconómico actual, para favorecer un mejor desarrollo de la
actividad de los principales actores del modelo de la economía social y para garantizar
el mantenimiento y la creación de un empleo, de calidad, estable e inclusivo.
La Economía Social desempeña un
papel fundamental en la creación de empleo y en la cohesión social en España,
representando el 10% del PIB y abarcando más de 76.000 empresas y entidades que
emplean a más de 2,5 millones de personas, contribuyendo significativamente al
bienestar y desarrollo del país.
