• La Directiva Europea establece, tal y como defiende CEPES, que la contratación pública debe regirse por criterios sociales y medioambientales, y no solamente por la oferta económica más ventajosa.
• Todos los grupos parlamentarios recibieron con interés las propuestas de CEPES al proyecto de ley y mostraron su apoyo para incorporar sus enmiendas en las diferentes fases de tramitación parlamentaria.
(Madrid, 24 de febrero de 2017).- La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) solicita a los grupos políticos que el Proyecto de Ley de Contratación Pública que se debate en el Congreso atienda –como reclama Europa– a criterios sociales y medioambientales, y no solamente a la oferta más ventajosa.
CEPES ha mantenido contactos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para trasladar e incluir en el futuro texto legislativo todas sus propuestas, en especial la transposición del artículo 77 de la Directiva Europea, que no ha sido incluido en el proyecto de ley.
“Es importante destacar que todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo y reconocimiento a las propuestas de CEPES, por lo que confiamos que las diferentes fases de la tramitación parlamentaria recojan los contenidos propuestos desde la Economía Social, y supongan un cambio en la concepción de la contratación como una herramienta de política pública que contribuye a la generación de riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial”, ha señalado el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
CEPES considera que este proyecto de ley, que supone el 20% del PIB, no aprovecha todo el potencial que la Directiva Europea ofrece para que las empresas y entidades de la Economía Social participen en los procesos de contratación pública. “Actualmente”, ha añadido Pedreño, “el porcentaje de contratos públicos adjudicados a empresas y entidades de la Economía Social resulta muy escaso en relación con su peso real en el PIB y en el empleo”.
Para cambiar esta situación, CEPES apuesta porque la transposición al ordenamiento jurídico español incluya las propuestas referidas a múltiples aspectos que no han quedado contemplados en los Proyectos de Ley, a pesar de que muchos de ellos fueron defendidos por el Consejo Económico y Social.
En concreto, las propuestas de CEPES se centran en:
• Superar el “desfasado concepto de la oferta económica más ventajosa” a la hora de adjudicar contratos públicos, y sustituirlo por el de “mejor relación calidad-precio”, como establece la Directiva.
• Inclusión obligatoria de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación y en las condiciones de ejecución de los contratos.
• Aplicación efectiva y con garantías de la reserva obligatoria de contratos para las empresas cuyo objeto social sea la creación de empleo para personas con especiales dificultades de empleabilidad (Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y Cooperativas de Iniciativa Social).
• Dotar a las Administraciones Públicas de las herramientas establecidas en la Directiva para realizar reservas potestativas de contratos a favor de empresas propiedad de los trabajadores, o en las que los trabajadores participan en su gestión, siempre en las categorías de contratos de servicios sanitarios, educativos, culturales, sociales… tal y como establece el Artículo 77 de la directiva.
• Clarificar los supuestos de subrogaciones empresariales que afectan a modelos específicos de empresas de Economía Social, Cooperativas de Trabajo Asociado y Centros Especiales de Empleo.
• Recoger en la normativa estatal, por primera vez, la posibilidad para las Administraciones Públicas de acogerse a las figuras de autorización y licencia (conciertos sociales) para la provisión de servicios sociales por parte de operadores sin ánimo de lucro.
• Plena efectividad inmediata de la prohibición para contratar con las administraciones para aquellas empresas que incumplan la obligación de contratar a personas con discapacidad (cuota de reserva).
CEPES considera que la inclusión de estas propuestas en la futura legislación española de contratación pública garantizará la eficiencia y racionalización de los presupuestos públicos, al fomentar la participación de las pymes y empresas y entidades de la Economía Social, un sector que demuestra que es posible compaginar la generación de riqueza con la cohesión social y territorial.
