• El documento fue presentado por el Gobierno de Portugal que preside el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo el pasado 13 de julio.
• A través de esta declaración, se comprometen a reforzar el compromiso con las orientaciones formuladas en las Declaraciones anteriores de Luxemburgo, Bratislava, Liubliana, Madrid, el Manifiesto "Pacto por el Impacto" de París, y en la Declaración de Toledo que fue suscrita por 18 Gobiernos de la UE el pasado año.
• Incluye una serie de principios y recomendaciones que reconocen la contribución de la Economía Social a ofrecer respuestas ágiles y de proximidad, especialmente en el escenario post-COVID, y soluciones innovadoras para una transición ecológica y digital justa.
• Los estados firmantes se comprometen a mejorar el acceso a la financiación pública y privada de estas entidades; apoyar el Plan de Acción Europeo para la Economía Social; reforzar el compromiso con la creación de instrumentos destinados a la formación, entre otros, a través del ‘Pacto de las Capacidades’; reforzar las redes regionales y locales; impulsar una política coherente de educación para la Economía Social en los planes de estudio de todos los niveles educativos y la creación de mecanismos para medir el impacto social de este modelo empresarial.
• La Declaración de CASCAIS completa está disponible en: https://www.cepes.es/documentacion/424
Madrid, 20 de julio de 2021.- El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha manifestado que “la Declaración de Cascáis es una clara muestra de la rotunda apuesta de los gobiernos europeos por el modelo empresarial de Economía Social, en tanto en cuanto al compromiso que se deriva de este documento para impulsar el modelo y al reconocimiento que hace de su contribución al Pilar Europeo de Derechos Sociales”.
Así lo ha evidenciado tras la adopción por parte de los gobiernos de la UE que conforman el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo en la reunión mantenida el pasado 13 de julio.
Este documento incluye una serie de principios y recomendaciones adoptadas por dichos estados que reconocen, entre otros aspectos, la contribución de la Economía Social, en colaboración con el sector empresarial público y privado tradicional, a ofrecer respuestas más ágiles y de proximidad; a los efectos de la COVID- 19 en ámbitos “cruciales” de la actividad económica y en la acción social comunitaria; así como a la “aportación de soluciones innovadoras para una transición ecológica y digital justa, desempeñando un papel clave en el fortalecimiento de la industria y la resiliencia de Europa a través del emprendimiento colectivo”.
A través de esta declaración, se comprometen a reforzar el compromiso con las anteriores orientaciones formuladas en las Declaraciones de Luxemburgo, Bratislava, Liubliana, Madrid, el Manifiesto "Pacto por el Impacto" de París, y en la Declaración de Toledo que fue suscrita por 18 Gobiernos de la UE el pasado año, asumiendo un entendimiento común de los valores y principios de la Economía Social afirmados en las mismas; y prestar la debida atención a las medidas recomendadas en la Declaración de Mannheim sobre la Economía Social hecha pública en la Cumbre Europea de Economía Social del pasado 27 de mayo.
Además, los gobiernos firmantes recomendarán a la UE y a los Estados miembros el refuerzo de la apuesta por las entidades de la Economía Social como instrumentos de resiliencia en el contexto de crisis económica y social provocada por la COVID-19, incluyéndolas en los Instrumentos de Financiación Europeos y en los Planes de Recuperación y Resiliencia nacionales.
Asimismo, se comprometen a mejorar el acceso a la financiación pública y privada de las entidades de Economía Social, teniendo en cuenta las especificidades de este modelo empresarial. En el plano público, la Declaración advierte de que “debería prestarse especial atención a la utilización de criterios sociales en la contratación pública”, así como al potencial de este modelo para “alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, entre otras cosas, mediante la inclusión de criterios pertinentes en la contratación pública”. En la esfera privada, el documento hace referencia a la importancia de desarrollar “intermediarios e inversores con capacidad para entender las necesidades particulares de estas entidades”.
Por otro lado, los países apoyarán el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, el cual aprobará la Comisión Europea en el segundo semestre de 2021, con el objetivo de apoyar a las entidades de Economía Social y empresas sociales existentes, así como la creación de nuevas entidades, la innovación y la inversión social, y reforzar el papel de la Economía Social en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en el impulso de la Transición Verde y Digital.
En este sentido, los estados señalan que acogerán el ecosistema industrial “Proximidad, Economía Social y Seguridad Civil”, y reafirmarán el papel de las partes interesadas públicas y privadas, incluidos los interlocutores sociales, para crear conjuntamente la senda para la transición ecológica y digital.
El ‘Pacto de las Capacidades’ es otro de los puntos que incluye la Declaración, y es que los gobiernos firmantes reforzarán el compromiso con la creación de instrumentos destinados a la formación y potenciación de las entidades de la Economía Social, “mediante la participación de sus actores en el diseño y aplicación de la Agenda de Capacidades para Europa, en particular, a través del Pacto por las Capacidades”. De esta manera, reconocen el papel de la Economía Social en la integración de las personas en riesgo de exclusión social, así como la importancia de la innovación, el emprendimiento social y el voluntariado para dar respuestas adecuadas a los nuevos retos sociales.
También establecerán un Plan de Trabajo bianual del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo en cooperación con la Sociedad Civil cuando sea necesario, con la finalidad de reforzar la cooperación entre los Estados miembros comprometidos con la promoción de la Economía Social. Asimismo, impulsarán el refuerzo de las redes regionales y locales de Economía Social invitando a los actores públicos de los diferentes niveles de gobernanza a hacerlo.
La Declaración de Cascais también hace mención a la educación, recomendando la estructuración, en el ámbito de la UE y mediante la movilización del programa Erasmus Plus, de una política coherente de educación para la Economía Social en los planes de estudio de todos los niveles educativos.
Los países también reconocen la importancia de la medición del impacto social de este modelo empresarial, para lo que reforzarán la promoción de la cooperación entre el mundo académico, los centros de investigación, los institutos de estadística y las entidades y empresas de la Economía Social para la creación, establecimiento y difusión de metodologías, redes de buenas prácticas y herramientas estadísticas, incluidas las cuentas satélites de la Economía Social, así como estudios e instrumentos.
LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA UE
Supone 2,8 millones de empresas y entidades, que generan el 8% del PIB, lo que representa 13,6 millones de puestos de trabajo, en todos los sectores de actividad, compartiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con énfasis en el objetivo 8: "Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos".
